Los patrones de barco detenidos por introducir inmigrantes ilegales en España han aumentado un 426% entre 2015 y 2023, tal y como indican los datos de una resolución del Portal de Transparencia a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE.
En 2015 el número de detenidos e investigados por tráfico ilegal o inmigración clandestina para favorecer la entrada, tránsito y/o estancia en mar y playa fueron 67, mientras que en 2023 la cifra ascendió a un total de 353 arrestados por este motivo, lo que supone ese porcentaje anteriormente mencionado de incremento.
La tendencia en cuanto a los casos ha sido creciente en esta última década y las cifras desglosadas de los años comprendidos entre estas dos fechas quedan de la siguiente manera: en 2016 los detenidos fueron 57, en 2017 la cantidad fue de 80, en 2018 hubo 126 arrestados, en 2019 la cifra fue de 135, en 2020 hubo 111 detenidos, en 2021 fueron un total de 252 y en 2022 la cifra fue de 339.
En la relación de las comunidades autónomas con mayor número de detenidos e investigados por este motivo en los últimos diez años, Andalucía se encuentra a la cabeza con un total de 481 patrones de barco arrestados, seguida de la Región de Murcia y Canarias con 304 y 282 detenidos respectivamente. Por el contrario, las tres comunidades con menos mandos de embarcación detenidos por tráfico ilegal de inmigrantes fueron País Vasco, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla, con unos registros de 1, 10 y 83, respectivamente.
Patrones de barco e inmigración ilegal
Los patrones de barco son las personas que están legalmente habilitadas para gobernar (conducir o comandar) una embarcación, ya sea de recreo, de pesca o profesional, dependiendo del tipo de título que tengan. El término «patrón» hace referencia a la licencia náutica que capacita a alguien para llevar una embarcación.
Estos individuos se encuentran intrínsecamente ligados al fenómeno de la inmigración ilegal. Esto es así porque, en muchos casos, actúan como facilitadores directos de la entrada de inmigrantes, puesto que organizaciones dedicadas al tráfico de personas les ofrecen dinero para llevar a cabo el transporte clandestino a través de las fronteras marítimas. Estas travesías se realizan frecuentemente en embarcaciones inadecuadas, sobrecargadas y carentes de las condiciones mínimas de seguridad.
Además, se dan casos en los que algunos patrones de barco se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que buscan emigrar y negocian con ellas exigiéndolas elevadas cantidades de dinero a cambio de facilitarlas el transporte, acordando viajes que se desarrollan en condiciones lamentables y que, a menudo, ponen en peligro sus vidas.
Ámbito legal
Desde una perspectiva legal, llevar inmigrantes ilegales en una embarcación tiene graves consecuencias legales para el patrón del barco. El transporte puede ser considerado un delito grave, especialmente si se hace con ánimo de lucro. La legislación aplicable es el Código Penal (artículo 318 bis) y la Ley de Extranjería.
Si el tráfico de inmigrantes ilegales se hace con fines económicos, se castiga al patrón de la embarcación con penas de prisión de 4 a 8 años. Además, puede haber agravantes en caso de que haya menores de edad y suponer un peligro para la vida de las personas, y lo es también si se forma parte de una organización. Del mismo modo, se puede llegar a la confiscación de la embarcación y la inhabilitación profesional del patrón.
En caso de no haber ánimo de lucro, la infracción puede conllevar sanciones menores o administrativas para los patrones, aunque sigue siendo ilegal si se facilitan entradas irregulares en el país. Las autoridades se encargan de evaluar si hubo intención delictiva o una justificación válida.
Por último, en caso de rescate en el mar o descubrir a inmigrantes ilegales a bordo de su embarcación, el patrón está obligado a rescatar a personas en peligro, tal y como señala el Derecho Marítimo Internacional. Si tras el rescate se avisa a las autoridades, no hay delito. En caso de que se intente desembarcar ilegalmente sin avisar, sí puede haber consecuencias penales.